El director de una línea aérea dominicana y otros tres hombres fueron enviados el jueves a prisión preventiva durante seis meses a la espera de juicio acusados de equipar aviones para el uso del narcotráfico.

El tribunal determinó que las pruebas presentadas por Rafael Rosado Fermín, propietario y presidente de la aerolínea Caribair, son insuficientes para demostrar su inocencia y contradecir la acusación de la fiscalía.

Rosado Fermín y los otros tres implicados forman parte de un grupo de 15, incluidos militares y extranjeros, detenidos la semana pasada por sus supuestos vínculos con el cartel colombiano del Norte del Valle.

De forma previa a la audiencia, que concluyó la madrugada del jueves, el tribunal había ordenado también 6 meses de prisión preventiva para 9 de los implicados y liberó a otros dos, entre ellos Harry William Nazario.

Entre los que recibieron prisión preventiva de seis meses se encuentran dos estadounidenses, un venezolano y un bahameño, además del dominicano Sergio Gómez Díaz, quien según la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) "era la cabeza, la estructura fundamental" en República Dominicana del cartel colombiano.

La fiscalía, que había solicitado un año de prisión preventiva para los 15 implicados, deberá presentar los cargos formales y todas sus pruebas en un plazo máximo de seis meses.

Manuela Ramírez, abogada de Rosado Fermín, adelantó a The Associated Press que apelará la decisión del tribunal porque su cliente fue enviado a prisión "sin que el fiscal haya presentado pruebas contundentes".

"Para empezar, no hay droga (confiscada) y estamos hablando de un caso de narcotráfico", detalló Ramírez.

La fiscalía detuvo al presidente de Caribair debido a sus presuntos vínculos con el grupo dedicado a equipar avionetas para usarlas en el tráfico de cocaína.

Entre las pruebas presentadas por la fiscalía se encuentran grabaciones de conversaciones telefónicas sobre venta de aviones y servicios de pilotos.

Los 15 implicados fueron detenidos luego de que una avioneta recién equipada para el supuesto uso por parte de narcotraficantes se estrelló el pasado 27 de septiembre poco después de despegar sin una ruta autorizada de la localidad montañosa de Constanza, 15 kilómetros al noroeste de Santo Domingo.

Según la acusación, la avioneta viajaría a la zona fronteriza entre Venezuela y Colombia, desde donde partiría con un cargamento de cocaína a Honduras.

En el accidente murieron los dos tripulantes, incluido un agente encubierto que investigaba los vínculos del grupo con el narcotráfico, según detalló el director de la DNCD, Rolando Rosado Mateo.